La ONU, dividida en temas de diversidad sexual y de género

La misma semana que Donald Trump fue elegido 45º presidente de los Estados Unidos, una coalición de países africanos, liderados por Botsuana, presentó ante la Asamblea General de la ONU una solicitud expresa de anulación del recientemente estrenado mandato de Experto Independiente en Orientación Sexual e Identidad de Género, (Sexual Orientation and Gender Identity –SOGI- de sus siglas en inglés). De la elección de Trump nos habíamos enterado todos, como no, pero del deseo de anular el mandato de la ONU, no. No hubo menciones en los medios de comunicación españoles y tuve que recurrir a fuentes internacionales para informarme. En su escrito, los países africanos argumentaron que la orientación sexual y la identidad de género “no están ni deben estar vinculadas a los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes”.

Vayamos por partes. Solamente unos meses antes, el 30 de junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó este mandato con el objetivo de:

  • Monitorear la situación de los derechos humanos relativos a la diversidad sexual y de género en el mundo. Denunciar su violación si fuera necesario.
  • Asesorar en la implementación de las leyes de derechos humanos internacionales hoy vigentes en el área de la Orientación Sexual y la Identidad de Género (SOGI).
  • Potenciar el diálogo y la cooperación con los estados para implementar medidas, ofreciendo consejo y asistencia técnica cuando se solicite.

Este mandato empezó a funcionar el 1 de noviembre de la mano del experto en derechos humanos internacional Vitit Muntarbhorn, profesor también de leyes en la Universidad Chulalongkorn de Bangkok. Fue entonces cuando la alianza de países africanos se opuso, solicitando un aplazamiento, “para permitir un tiempo para futuras consultas para determinar la base legal de ese mandato”. A mediados de noviembre, la Asamblea General de la ONU votó sobre la solicitud de aplazamiento. De los 193 países con representación en la Asamblea General de la ONU que tenían derecho a voto, solo 177 lo ejercieron. 77 estados votaron a favor de la resolución presentada por los países africanos, mientras que 84 votaron en contra y 16 se abstuvieron.

El rechazo a la resolución fue un éxito para las asociaciones, pero ojo, el resultado fue muy igualado. Si tenemos en cuenta que 77 de los 177 países votaron a favor del veto, ese éxito es relativo, por no decir dudoso, pues manteniendo el mismo número de abstenciones, la resolución podría haber prosperado con solo el voto favorable de cuatro países más. Como pequeña reflexión cabe destacar que China y Rusia votaron a favor de la resolución, dos miembros con presencia permanente en el Consejo General de Seguridad de la ONU. Y si una de las funciones del Consejo de Seguridad es el desarrollo del respeto a los derechos humanos, que dos de sus cincos miembros permanentes hayan votado a favor de la resolución demuestra que el concepto de lo que es y lo que no es un derecho humano difiere mucho dependiendo de donde vivamos. Y si no todos tenemos claro de qué hablamos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo?

Fuentes: ILGA, ONU, Lesbian News

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